Sobre la Ley de la Transparencia

¿Qué regula la Ley de Transparencia?

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG) prevé qué información deben publicar las Administraciones Públicas para conocimiento de los ciudadanos, cómo pueden pedir los ciudadanos información a las Administraciones y cuáles son las reglas de Buen Gobierno que deben respetar los responsables públicos.

¿Qué entidades están obligadas a proporcionar información?

Todas las Administraciones Públicas, entidades del sector público, órganos constitucionales (incluida la Casa de Su Majestad el Rey) y sus equivalentes a nivel autonómico, así como Fundaciones del Sector Público, Asociaciones constituidas por Administraciones Públicas o Sociedades Mercantiles con participación pública mayoritaria, están obligadas a cumplir la Ley de Transparencia. Es decir, deben publicar la información  que la Ley menciona y, además, responder a las solicitudes de información que presenten los ciudadanos.

Deberán también publicar la información prevista en la Ley entidades privadas como los partidos políticos, sindicatos, organizaciones sindicales y otras entidades que perciban ayudas públicas.

En el caso del presente Portal de la Transparencia, atendiendo al artículo 10 de la LTBG, se publica la información de la Administración General del Estado que se solicita con mayor frecuencia.

¿Qué información se publica en el Portal?

La Ley regula la publicación de las siguientes categorías de información en lo que se conoce como Publicidad Activa:

Información organizativa

*Funciones que se desarrollan en los organismos

*Normativa de aplicación

*Estructura: organigrama con identificación de los responsables de las unidades, su perfil y trayectoria profesional

*Planes y programas anuales, objetivos, grado de cumplimiento y resultados

Información de relevancia jurídica

*Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares, respuestas a consultas (que supongan una interpretación del Derecho o produzcan efectos jurídicos)

*Anteproyectos de Leyes o de Decretos Legislativos

*Proyectos de Reglamento

*Memorias e Informes incluidos en los expedientes de elaboración de textos normativos.

*Documentos que deban ser sometidos a información pública

Información de contenido económico

*Contratos

*Convenios y encomiendas de gestión

*Retribuciones de altos cargos

*Subvenciones y ayudas públicas

*Presupuestos

*Cuentas anuales. Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización

*Resoluciones de la Oficina de Conflicto de Intereses que afectan a empleados públicos y altos cargos

*Información estadística de grado de cumplimiento de los servicios públicos

*Bienes inmuebles de propiedad estatal

¿Existe alguna restricción a la publicación de la información?

En efecto. Puede que la información no pueda publicarse porque afecte a cuestiones sensibles como la seguridad nacional, la defensa o la protección de datos personales. En estos casos, deberá comprobarse si, verdaderamente, la publicación afecta a los límites que la Ley prevé o, para el caso de los datos personales, si éstos pueden eliminarse del documento que se publique.

¿Qué ocurre si no encuentro información en el Portal?

En principio, la información más relevante para el ciudadano y de frecuente acceso estará disponible en el Portal de manera accesible, reutilizable e interoperable. Si el interesado necesita más información o necesita más detalle, entonces, se podrá acceder al servicio de solicitud de información pública que es un derecho regulado por la ley de transparencia y buen gobierno. Este servicio se encuentra disponible en el Portal.

¿Qué ocurre si no se cumple con las obligaciones de transparencia y no se publica la información?

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno velará por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley y el incumplimiento podrá dar lugar a procedimientos disciplinarios.

 
Sobre el Derecho de Acceso a la Información

¿Qué es el derecho de acceso a la información pública?

Es el derecho de acceso a acceder a información pública en los términos previstos en la Constitución artículo 105.b), entendiéndose como información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de la administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

¿Se puede pedir cualquier información?

El derecho de acceso a la información está sujeto a ciertos límites que tienen como objetivo proteger otros bienes jurídicos que pueden quedar desprotegidos si se da la información. Es decir, los límites existen para proteger información que no debe ser pública porque, si lo fuera, podría dañar a una persona o al interés público.

Estos límites están tasados en la Ley y son los siguientes:

*La seguridad nacional.
*La defensa.
*Las relaciones exteriores.
*La seguridad pública.
*La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
*La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
*Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
*Los intereses económicos y comerciales.
*La política económica y monetaria.
*El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
*La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
*La protección del medio ambiente.

¿Cómo se aplican los límites?

El órgano al que se le solicita una información cuya publicación considera que puede perjudicar a alguno de los límites deberá valorar si, efectivamente, se produce un daño si se provee esa información.

¿Por qué existe protección de datos personales?

Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado

¿Qué es el acceso parcial?

En los casos en los que se solicite información en la que parte de la misma esté sometida a alguna causa de límite del derecho, se admitirá parcialmente la solicitud y se indicará al solicitante la información que ha sido omitida.

¿Qué puede hacer un ciudadano al que se le deniega información?

Puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano independiente encargado de velar por el correcto cumplimiento de las disposiciones de la Ley.